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jueves, 26 de septiembre de 2013

EL PP CEDE ANTE LA HUELGA INDEFINIDA EN LA EDUCACIÓN

Con el curso escolar aún sin iniciar en la mayor parte de los más de 300 centros públicos de Baleares, a causa de la huelga de profesores que este jueves cumplirá su novena jornada, el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP) planteó el miércoles una primera cesión, parcial, a los huelguistas.



Primera cesión del Gobierno balear a los profesores tras ocho días de huelga

El trilingüismo no se aplicará en Secundaria este curso

Con el curso escolar aún sin iniciar en la mayor parte de los más de 300 centros públicos de Baleares, a causa de la huelga de profesores que este jueves cumplirá su novena jornada, el Gobierno de José Ramón Bauzá (PP) planteó el miércoles una primera cesión, parcial, a los huelguistas: la renuncia temporal a la implantación de la enseñanza en inglés/castellano/catalán -este año- en el único curso de Scundaria en que estaba programado.

La Consejera de Educación, Joana Maria Camps, del PP, formuló a los sindicatos y asambleístas lo que llamó “un paso muy importante, una cesión”. No se echa atrás el trilingüismo -la implantación del decreto TIL (Tratamiento Integral de lenguas) en los tres niveles de la enseñanza no universitaria-, pero se asume que este curso 2013-2014, en Secundaria, la aplicación podrá ser voluntaria, a criterio de los centros, en los institutos y colegios que estaba previsto.

Este jueves seguirá la negociación Gobierno-sindicatos porque no hay ningún acuerdo cerrado entre las dos partes. La cuestión central es la programación y el ritmo de implantación de la enseñanza en inglés en un tercio de las materias, junto al catalán y el castellano. El Gobierno mantiene que no es negociable la introducción de las clases en inglés en tres cursos de Primaria y en uno de Infantil.

El partido del Gobierno nota el impacto social. Se mantiene en alza, al cabo de dos semanas, la movilización de un sector notable de las familias de los alumnos a favor de la causa de los docentes no ha cedido. Los padres y madres celebran jornadas de “aulas vacías”, sin alumnos en los centros, para que los profesores puedan acudir a “trabajar” y percibir un día de sueldo. La caja de resistencia de la huelga ha recaudado 173.000 euros, con aportaciones individuales y colectivas.


El líder del sindicato mayoritario STEI (Sindicat de Treballadores de les Illes Balears), Biel Caldentey, tildó la primera propuesta del Gobierno de “manifiestamente insuficiente” aunque están abiertos a seguir las negociaciones. Iñaki Aicart, de la alternativa Asamblea de Docentes, mantiene una posición aún más crítica.

Los huelguistas exigen la eliminación de la Ley de Símbolos –que contempla multas de hasta 10.000 por exhibir banderas catalanas en las fachadas- y cambiar la ley de convivencia y autoridad en las aulas, que contempla posibles sanciones y vetos a los docentes. "No podemos trasladar ninguna propuesta negociadora a la asamblea de docentes en huelga", señalaron los sindicalistas.

Los sindicatos entienden que "para implantar el inglés no se puede hacer con la celeridad que pretende la Administración". El miércoles el Gobierno reconoció que 1.380 profesores seguían en huelga, un 9,5% de las plantillas, mientras que los sindicatos cifraron en más de un 45% los huelguistas. En Ibiza y Formentera el activismo es creciente, se mantiene en su actividad en Mallorca y en Menorca se mantiene a un menor nivel de incidencia.


Por otra parte, el PSOE anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto del TIL por supuesta vulneración de derechos fundamentales y del Estatuto de Autonomía. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó la suspensión del nuevo decreto ley de lenguas, por impedimento legal. aunque los magistrados ven “más que criticable“ que el Gobierno de Bauzá dicte decretos ley para burlar sus autos.

El Gobierno y el PP celebraron como un gran éxito político y un acto de respaldo la decisión del Tribunal Superior, aunque el auto señala: “Lamentablemente el Gobierno de Baleares ocupa un lugar puntero en el ranking nacional “en la proliferación del recurso al Decreto Ley“. Dice que existe un uso y abuso de “un arma no prohibida“ por ley.



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