"La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público (...) o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año", dicta el nuevo artículo introducido por el Gobierno en el Proyecto de Código Penal, que fue aprobado el pasado viernes, reza el diario español Público. El termino 'cualquier medio' abarca cualquier red social accesible en la Red, como Twitter o Facebook.
Los representantes de la asociación Jueces para la Democracia subrayan que la nueva normativa representa la voluntad del Gobierno de obstaculizar algunas de las típicas acciones de los indignados. Así indican que, por ejemplo, el nuevo artículo 557 está pensado para castigar a los ciudadanos que han ocupado oficinas bancarias en protesta contra los desahucios.
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