MONTORO LE VOLVIO A LUCIR LA BOMBILLA SOBRE EL DINERO NEGRO

Primero se ofreció a los defraudadores legalizar su patrimonio oculto pagando un recargo mínimo del 10%. Una vez realizada esta amnistía, que tuvo escaso éxito, afloraron algo más de 40.000 millones pero se recaudaron sólo 1.100 millones...

El ministro de Hacienda ha puesto en marcha la segunda.

Casi todas esas personas y sociedades que afloraron dinero negro en el extranjero lo han dejado depositado hasta ahora donde estaba porque traerlo a España tiene, o mejor dicho, tenía, un impuesto sobre el beneficio aflorado del 27%.

Lo que ha hecho Montoro ahora es eliminar ese impuesto cuando ese dinero se deposite en un fondo de inversión o una Sicav españoles, dándole el mismo tratamiento fiscal que cuando alguien mueve dinero de un fondo a otro dentro de España. No tributa en ese momento. Lo hará si el algún momento el inversor vende su fondo o parte de él y obtiene beneficios.

La repatriación debe seguir ciertas condiciones, sobre todo que el fondo que se repatríe no esté comercializado en España, según cuenta el diario Expansión. Hacienda no gana tributación inmediata pero sí consigue más control sobre estos capitales. Por ejemplo, a la hora de realizar embargos, que se harán en una entidad española y no en el extranjero, con las dificultades que supone, máxime si hablamos de entidades residentes fuera de la UE. Además, esta medida beneficia a los bancos y comercializadores españoles, que amplían el volumen de fondos gestionados.

La polémica está servida. La puesta en marcha de la primera amnistía fiscal por parte del Gobierno del Partido Popular provocó un verdadero revuelo y dio lugar a varios enfrentamientos entre el equipo de Mariano Rajoy, la oposición y los sindicatos de los inspectores de Hacienda.

Estos dos últimos reprocharon al PP las facilidades que daba a los evasores por el tipo impositivo que iba a aplicar y porque así ayudaba a los implicados en corrupción para regularizar propiedades, incluido el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Así, la polémica surgió desde el primer día y hasta el final, cuando el resultado demostró que las previsiones habían sido demasiado optimistas, ya que el Estado no logró recaudar lo esperado.

Por eso, apenas un mes tras el comienzo del plazo para acogerse a la amnistía fiscal, la Agencia Tributaria reinterpretó sus propias instrucciones para facilitar el proceso. Así, el tipo generalizado del 10% para cuentas, inmuebles u otro tipo de rentas solo se aplicaría para los ejercicios no prescritos.

De este modo, el capital afectado por el recargo se reducía al de los tres últimos años, y se mantenía la exención sobre los intereses de demora y los recargos, lo que provocó al final que de todo el patrimonio que salió a la luz, solo 12.000 millones euros se tuvieron que pagar para reflejar su existencia. Esta segunda amnistía permitirá que algo más de 40.000 millones en capitales negros vuelvan al circuito legal del dinero en España.