Los crímenes del franquismo no seguirán impunes. Sin embargo, la búsqueda de los responsables no se hará desde España, sino desde Argentina.
La jueza María Servini de Cubría ha dictado una orden de busca y captura para cuatro exfuncionarios de seguridad españoles acusados de torturas durante la época franquista, una resolución sin precedentes, informó la agencia EFE.
Todos ellos son sospechosos de haber torturado a 13 personas, una causa que las víctimas del franquismo llevaron hace tres años a los tribunales argentinos después de que en España no prosperase y la Audiencia Nacional la cerrase.
La magistrada argentina dictó la orden amparada en el criterio de justicia universal. Según el auto, las pruebas recogidas durante el proceso "demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos".
Este es el mismo principio jurídico que permitió al exjuez español Baltasar Garzón investigar en España los crímenes de las dictaduras de Argentina y de Chile.
La resolución ha sido calificada de histórica por miembros de asociaciones de víctimas del franquismo y familiares de quienes fueron torturados.
La jueza recoge en su escrito informes de la organización Amnistía Internacional que ha denunciado que el Estado español ha obstaculizado las investigaciones y ha pedido la colaboración del Gobierno de Rajoy para la localización y detención de los cuatro imputados.
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