"Igual que se apadrina a un niño, se podría apadrinar a un estudiante pagando una matrícula", ha propuesto Adelaida de la Calle, la rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Este futurible aún no se ha materializado en un proyecto concreto, de hecho ni siquiera ha sido validado por el equipo de gobierno de la institución, pero la rectora ya ha anunciado que harán un llamamiento a todos aquellos que quieran colaborar para que ningún estudiante se quede sin acceder a la universidad por no haber podido hacer frente al pago de la matrícula al no conseguir la nota mínima exigida, siempre que los recursos de la familia sean "extremadamente bajos". "No queremos que nadie se quede sin acceder en la universidad por no haber conseguido un 5,5 o tener 6,5", ha añadido.
Este año, la nota necesaria para acceder a la gratuidad de la matrícula en la Universidad continuará fijada en un 5,5, tal y como fija el Real Decreto 1000/2012, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013. Sin embargo, las condiciones para para acceder a una beca con dotación económica, han cambiado con la nueva normativa. Los estudiantes necesitarán un 6,5, para optar a la ayuda. Este endurecimiento de las condiciones para acceder a las ayudas del Estado limita las opciones de aquellos que quieran continuar sus estudios superiores y no puedan contar con el respaldo económico de sus familias.
De hecho, al menos30.000 universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsadosde los campus por no poder pagar las matrículas. Este dato movió a una pensionista a llamar a la Universidad de Málaga para ofrecer parte de sus recursos para becar a un estudiante que no hubiese podido acceder a la Universidad por falta de financiación. Este gesto altruista emocionó a De la Calle. "Apadrinar puede ser una forma de ayudar a pasar esta situación de emergencia. Tenemos que poner medios. La solución puede ser esta", ha explicado la rectora en el espacio Al rojo vivo, de La Sexta.
"En ningún caso va a dejarse de reclamar un aumento de la partida de becas y una revisión de los criterios que se aplican para su concesión, pero el decreto de becas para el próximo curso ya ha sido aprobado por el Gobierno y no cabe modificación", argumenta en nombre de la rectora Bernardo J. Gómez, director de secretariado de comunicación del vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional de la Universidad de Málaga. "Ahora tenemos que desarrollar el marco reglamentario de la iniciativa, pero la idea es que las aportaciones de los particulares no se destinen a estudiantes concretos, sino que se sumen al fondo de ayudas de emergencia que la UMA ya tiene", concreta.
Mientras la iniciativa cobra forma, De la Calle reclama al Gobierno que tome cartas en el asunto e incluya esta opción en la nueva normativa. "Las donaciones para una actividad académica deberían estar definidas en la Ley de Mecenazgo como un elemento fundamental. Están muy bien la cultura y el deporte, pero la educación y la investigación deben ser también esenciales", valora.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recibirá a finales de año un estudio para estudiar como incorporar el crowfunding en la futura Ley de Participación en Actividades de Interés General y Mecenazgo, según asegura el Gobierno en una respuesta por escrito a la diputada de CiU Montserrat Surroca. Este informe servirá para evaluar herramientas similares a las de la Ley de Mecenazgo andaluza, que incluye el micromecenazgo. Esta normativa establece que los contribuyentes que hagan donaciones a fundaciones y consorcios con fines de interés cultural tendrán una deducción del 15%, con un límite de 240 euros. La fórmula podría adaptarse bien a la financiación de estudios pero, por el momento, no aparece detallada en el texto.
A falta de soluciones por parte del Estado, las universidades han optado por buscar las suyas propias. La Universitat Rovira i Virgili, por ejemplo,tiene unas becas instituidas desde 2006 por el Consejo Social y financiadas por la Fundación Repsol para estudiantes con "talento demostrado" pero que, por su situación económica, no tienen garantías de poder acceder y permanecer en la Universidad para realizar sus estudios. Son cinco becas de 5.000 euros anuales que se renuevan cada año mientras los estudiantes cumplan los requisitos que consisten, entre otras cosas, en aprobar un mínimo de créditos.
La Universidad de Cádiz (UCA) hace algo parecido. "Gestionamos convenios alcanzados con distintas entidades que comparten el objetivo de ayudar a alumnos con problemas. Es el caso, por ejemplo, de las ayudas Cemabasa por fallecimiento de progenitor, financiadas por la empresa que gestiona el cementerio mancomunado de la Bahía de Cádiz. También contamos los Premios Renfe, a través de los cuales se conceden tarjetas de estudio, y se han firmado convenios con importantes compañías como Airbus o Tecnalia para la creación de ayudas para la realización de estudios doctorales y proyectos de investigación", detallan en el gabinete de comunicación de la UCA.
Estos ejemplos es la excepción que confirma la regla. Las becas de fundaciones y empresas son todavía una rara avis en España, a diferencia de los países anglosajones. En cambio, existen numerosos programas de corte social a iniciativa de los propios centros de estudio. "La posibilidad de incorporar fondos que vengan de donaciones privadas para la financiación de las universidades y, en particular, para la dotación de becas para estudiantes con dificultades económicas es interesante y una práctica bastante habitual en otros lugares del mundo. Pero somos más partidarios de que las donaciones vayan directamente a la Universidad y sea ésta la que, mediante un proceso de selección, determine los destinatarios. Además, se debería garantizar la estabilidad de la financiación. Eso es, que la donación debería cubrir el coste de toda la titulación", matizan en la Universitat Oberta de Catalunya.
La Universidad de Deusto utiliza ese sistema. Dispone de las Becas Alumni, un mecanismo por el que un antiguo alumno puede donar una cantidad como contribución a un fondo de becas para estudiantes de nuevo ingreso. Las cantidades disponibles en este fondo se suman a los fondos que la propia Universidad aporta y pasa a formar parte de una partida conjunta destinada exclusivamente para ese fin. "El donante tiene la seguridad de que su ayuda se ha destinado a becas, pero no se contrae una obligación con una persona concreta y el estudiante becado no pone en riesgo la continuidad de sus estudios por la retirada del donante", explican desde prensa de Deusto.
Otras universidades cuentan exclusivamente con su propio capital. La Universidade da Coruña dispone de un fondo social para estudiantes en apuros económicos, dotado con 115.000 euros, para el próximo curso. También se ha rascado el bolsillo la Universitat de les Illes Balears, que ofrece ayudas de matrícula de 200 euros a alumnos sin recursos que no hayan logrado una beca oficial del Ministerio u otras instituciones. Se han presupuestado 100.000 euros, de manera que 500 alumnos de esta institución podrán acogerse a esta alternativa.
"Esto es pura y simple caridad", considera Alberto Ordóñez, del Sindicato de Estudiantes. "Se están sustituyendo los derechos sociales por la beneficencia y, aunque se disfrace bajo el término 'solidaridad', constituye un retroceso al siglo XIX contra el que lucharemos con todas nuestras fuerzas", denuncia. "Las becas se han otorgado sobre un baremo objetivo y, aunque se criticara su escasez, constituía un mecanismo fiable. Esta nueva caridad va a ser una vía para fomentar la corrupción, la evasión fiscal y las clientelas personales. Nos parece peligrosísimo", añade.
La visión de las universidades coincide sólo parcialmente con la de este órgano de representación del alumnado. En la Autónoma de Madrid (UAM) advierten que de donde no hay, no se puede sacar. "La subida de tasas siempre es negativa para los estudiantes, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia del incremento y el momento en el que se hizo. El estudiante tiene que saber que la Universidad no es la que fija las tasas, sino que es la Comunidad de Madrid", comentan a ZoomNews.
"La UAM, por acuerdo del claustro, decidió ante esta medida aumentar la cantidad del fondo Social de estudiantes, un fondo destinado a pagar las matriculas de aquellos estudiantes que no pueden hacerlo. En el último curso, dicho fondo pasó de unos 90.000 euros a 500.000. Se han recibido más de 500 solicitudes y han resultado beneficiarios de dichas ayudas 291 estudiantes, además de un número importante de posgraduados. La Universidad va a tratar de mantener estas ayudas con una cuantía superior a la destinada en años anteriores". Desde dentro, aseguran que no se puede hacer más.
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